06/11/2009

La escuela de la ignorancia y sus condiciones modernas – Jean Claude Michéa

La progresiva depauperación de la enseñanza que, a pesar de las continuas reformas educativas, viene dándose en los últimos años no es algo fortuito. Esa es la tesis que defiende Jean Claude Michéa en La escuela de la ignorancia y sus condiciones modernas, un breve libelo que parece tocar tangencialmente el tema de la educación, mientras retrata de forma amplia el triunfo del capitalismo y los estragos que ocasiona —de los que la degeneración de la educación es sólo una faceta—. Así, Michéa realiza un repaso certero sobre algunas ideas fundamentales que deben ser tenidas en cuenta para comprender la realidad sociológica que vivimos, la cual en absoluto es fruto del azar.

Aunque los orígenes del capitalismo pueden remontarse al siglo XVIII, y aunque éste siempre ha postulado la necesidad de implantar a escala mundial un libre mercado que se regularía por sí mismo, sin la injerencia de los estados (cuya existencia sin embargo el sistema capitalista aplaude para, precisamente, que sean ellos quienes se ocupen de legislar a favor del sistema capitalista); a pesar de esto, en los últimos treinta años se ha establecido lo que el autor denomina capitalismo suicida: un capitalismo que va a por todas, sin importar el precio que haya que pagar, sobre todo porque ese precio no han de pagarlo quienes nos imponen ese sistema.

La idea perseguida en las últimas décadas consiste en lograr una sociedad absolutamente capitalista que, sin embargo, resulta empíricamente imposible. Lo que Michéa defiende es la idea de que las sociedades humanas poseen unos sistemas de regulación, que Orwell denominaba common decency, que imponen unos límites a cada individuo de tal manera que, precisamente, sea posible la vida en sociedad. Esos límites son los que el capitalismo, con su exaltación del individualismo y de la búsqueda del bien particular a cualquier precio, pretende abolir a marchas forzadas. Eso a pesar de que hasta la fecha la common decency, cada vez más en desuso, ha actuado como una barrera de contención para evitar que nuestra sociedad se desmoronase.

El capitalismo pretende una “sociedad” atomizada, cuyos miembros, desconectados entre sí, no opongan ninguna resistencia a un sistema que es radicalmente injusto. O bien, en caso de oponerse, se encuentren tan aislados que cualquier forma de colaboración o coordinación resulte imposible. De este modo, ese fomento feroz del individualismo, esa tendencia a confundir el egoísmo con la libertad personal, esa exaltación de lo particular en detrimento de lo social, no es casual.

Por el contrario, forma parte de una estrategia que no deja nada al azar. Y de esa estrategia forma parte la búsqueda del adocenamiento paulatino y metódico de la población, gracias a un concepto creado por el propio sistema: el titytainment. Un entretenimiento zafio, basado en la satisfacción instantánea y el espectáculo, que busca acabar con la capacidad de análisis crítico de la ciudadanía.

Y para redondear el trabajo, se reforman los sistemas educativos para que refuercen este cóctel letal. Y se consigue una enseñanza espectáculo que, rompiendo con los valores cívicos, enaltece los valores creados por el capitalismo (el triunfo, el dinero, el egoísmo). De tal modo que la mayoría de una sociedad condenada por el sistema al paro, a una educación precaria, a una sanidad cada vez al alcance de menos, amenazada con una vejez de indigencia sin pensiones, viva feliz y despreocupada.

En consecuencia, y como muy bien señala Jean Claude Michéa, la pregunta no es ¿qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos?, sino ¿a qué hijos vamos a dejar este mundo?

solodelibros

18/10/2009

Abusos de las entidades bancarias

Quería hacer un escrito para abrirle los ojos a la gente con el abuso de las entidades bancarias, el otro dia se publicó en el Diari una comparativa de los gastos que nos cobran entre las entidades mas conocidas, pero os quiero hablar de una cosa peor, los seguros. Como asesor de seguros y jefe de un equipo de ventas, nos estamos encontrando con una fuerte presión de las entidades sobre sus propios clientes. Lo mas curioso es que la mayoria no estan formados para ello, solo saben que tienen unas directrices de empresa que deben seguir.

La cuestión es que si no tienen vinculados los seguros a la hipoteca, no tienen la obligación de tenerlos con ellos. Nos estamos encontrando con una fuerte presión como que le subirán el interés hipotecario, o todavia peor que cuando necesiten dinero no vayan a pedirselo. Claro, en tiempos de crisis es muy facil cerrar el grifo y amenazar a una familia con que no le darán creditos, pero me acuerdo de cuando todo iba bien y recibiamos palmaditas en la espalda. El tema es que aprovechan la ocasión para vender el seguro de hogar, seguro de vida y algún plan de pensiones.

Como profesional de seguros tengo que informar de que en algunas entidades bancarias, en el caso del seguro de hogar solo tienen en cuenta el continente porque es lo que a ellos les afecta, y el contenido de la póliza suele ser un infraseguro en el mejor de los casos, ya que los muebles, electrodomesticos, ajuar, etc.. no les importa. Hay gente que al vivir en una comunidad de propietarios, ya pagan el continente de su vivienda en el seguro de comunidad y le obligan a pagarlo dos veces.

En el caso del seguro de vida "ojo" miren bien que el tomador del seguro sea usted, ya que así mandará usted en la póliza. y en el caso de los beneficiarios que no conste la entidad, porque de esta forma cobrarán la totalidad del seguro y no quedará nada para su familia. existe la opción de poner una clausula ( Subrogración de Derechos ) para que la entidad cobre solo la parte deudora. Una cosa importante es el nivel de riesgo laboral que, logicamente tiene que constar en póliza, ademas del uso de motocicletas o ciclomotores, y si practican algún deporte de riesgo.

Para el caso de los planes de pensiones es mas complejo, pero deben saber que un plan de pensiones va destinado a personas que tienen problemas fiscales, que necesitan desgravar. Porque a la hora de cobrarlo tributa el 100% y si no, pregunten si tienen a un familiar o conocido que esté cobrando ya uno. Hacienda les hace pasar por caja. Sin olvidar que no tiene opción de sacar el dinero hasta los 65 años, si no es por una enfermedad grave o desempleo de larga duración.

Para terminar y como consejo, revisen sus pólizas de seguro de entidades bancarias porque posiblemente no estén a su favor.


Óscar García
Inspector Comercial
Seguros personales y patrimoniales.

12/10/2009

No todos los Estatutos son iguales.

Los autónomos critican la paralización de su estatuto.


La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), criticó ayer que el estatuto del Trabajo Autónomo, que hoy cumple dos años en vigor, «no ha logrado cubrir las expectativas» por su falta de desarrollo, especialmente en aspectos clave como la prestación por falta de trabajo.
En un comunicado, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha denunciado que «no se ha logrado cubrir un mínimo de protección para los 300.000 autónomos que, como consecuencia de la crisis, se han quedado en el camino, en la más absoluta desprotección y totalmente desamparados».
La norma obligaba a desarrollar a través de decretos o leyes aspectos como las relaciones contractuales del autónomo económicamente dependiente, la prestación por cese de actividad o la creación del Consejo del Trabajo Autónomo. Amor dice que si se hubiera aplicado la política fiscal de protección social y de Seguridad Social que contemplaba el estatuto, se «hubiera amortiguado la sangría de 500 autónomos» que dejan de trabajar cada día en España.
ABC

08/10/2009

La buena política

LA TRONERA|ANTONIO GALA

CADA partido político se ama, se cuida, se protege a sí mismo, roba a veces, en el mejor de los casos para él. Sería mejor que viviera sólo para quienes confían en él, pertenezcan o no a sus filas. Y que pensase incluso en quienes no lo votan, porque esa es la única finalidad de la buena política, excepcional en la historia de España. Hay veces en que parece consistir en una guerra sin cuartel entre partidos. Pero no porque cada uno esté convencido de que es el mejor para conseguir el bienestar de su pueblo, sino porque sus gerifaltes aspiran a gobernar el país entero, decidir sus destinos y sentirse ambiciosos cuya ambición está ya cumplida, y su tarea, por tanto, ha concluido. Es eso lo que desengaña a un país, que en general lo que quiere es ser bien gobernado, y no sabe ni con una mínima certeza por cuál partido concreto, porque ninguno, con sus ambiciones propias, le satisface. Esta es la causa de que aquí la política sea desdeñada. Y los políticos considerados casi como enemigos. Salvo por sus beneficiarios legales o ilegales.

05/10/2009

Alza impositiva y consolidación presupuestaria: mal camino


Uno de los temas de política económica más controvertidos en la actualidad en muchos países es cómo adecuar los impuestos a las necesidades del Estado para consolidar el elevado déficit público y al mismo tiempo incentivar la actividad económica no sólo para salir de la crisis, sino recobrar la senda del crecimiento económico sostenible, no inflacionario y creador de empleos que teníamos antes del estallido de la crisis. Desde la perspectiva del análisis económico, no cabe duda de la conveniencia de mantener moderada la imposición fiscal que afecta a la adopción de decisiones económicas de inversión empresarial, ahorro y trabajo. Es decir, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre patrimonios no deben de subirse; si cabe, deben de reducirse y ser alineados con los niveles existentes en otros países con el fin de generar fuertes incentivos positivos para la economía a medio y largo plazo. Pero no todos los gobiernos están por esta labor. Unos, porque piensan que aumentar la recaudación presupuestaria es la vía más rápida y con un desgaste político mínimo para ir reduciendo el déficit público; otros, porque su credo ideológico de izquierda les hace cargar contra empresarios y «las clases altas», que según un ministro del Ejecutivo español son quienes cobran salarios de más de 50.000 euros brutos al año (sic). En todo este debate estamos siendo testigos de lo bajos que son los conocimientos que tienen determinados líderes políticos sobre el funcionamiento de la economía y de lo enorme que es la hipocresía de aquellos otros políticos que defienden el alza impositiva de la fiscalidad sabiendo que esto no hace más que lastrar la inversión y el empleo.
No hay que discutir que el enorme agujero en las arcas públicas del conjunto del Estado, que ha resultado de las políticas fiscales anticrisis, ha de subsanarse. Todos los países de la UE cerrarán en este ejercicio y el próximo con notables déficit públicos, que en la mayoría de ellos, España incluida, serán claramente superiores al tope establecido por el Pacto Europeo de Estabilidad y Crecimiento (3% del PIB). En el conjunto de la Eurozona, el déficit público se podría situar este año cerca del 5% del PIB y en el próximo año alrededor del 6,5% (en 2007 era el 0,6%); la ratio deuda/PIB llegaría a más del 80% del PIB (veinte puntos por encima del valor de 2007, que casualmente se correspondía con la norma del Pacto).
La consolidación de los presupuestos es inexorable no sólo para cumplir con las reglas fiscales del Tratado de la UE, sino porque lo impone impecablemente la llamada «restricción presupuestaria intertemporal». Buena parte de los déficit públicos son de carácter estructural, fruto de determinadas prestaciones sociales al estilo de «cheques bebé» o de las subvenciones a empresas (automóvil) y regiones (Andalucía) en dificultades o del gasto de personal en la administración pública en expansión desbocada. Este componente estructural del déficit, a diferencia del coyuntural que se deriva temporalmente de la caída de los ingresos y el aumento del gasto por desempleo causados por la recesión económica, no es sostenible en el tiempo. Pues los gastos financieros del Estado aumentarían exponencialmente, lo cual limitaría progresivamente la capacidad de actuación del gobierno (en todos los terrenos) y amenazaría con el riesgo de una bancarrota estatal. Por consiguiente, el déficit público estructural tiene que ser eliminado. Para ello se necesitan, por regla general, varios años.
La ineludible consolidación presupuestaria, en principio, puede practicarse desde dos vertientes, la del gasto público y la de los ingresos. Consideraciones de eficiencia económica aconsejan poner el énfasis en el control y la reducción del gasto, sobre todo del gasto consuntivo, puesto que éste no aporta nada al crecimiento del potencial económico y al empleo duradero, mientras que el gasto público para la formación de capital fijo (infraestructuras sólidas) y de capital humano (base para la investigación, el avance tecnológico y la competencia profesional) sí lo hace, bajo el supuesto, claro está, que los programas estén adecuadamente configurados y se ejecuten con determinación. En otras palabras: es importante combinar la consolidación presupuestaria en términos cuantitativos (eliminar el déficit estructural) con la consolidación en concepto cualitativo (orientar la estructura del gasto hacia formas más productivas).
Ahora bien, como en la realidad política las reticencias a acotar el gasto público son muy frecuentes, se opta por subir impuestos. Es una típica decisión de conformarse con la segunda mejor solución (second best) que por definición tiene por contrapartida una pérdida de eficiencia económica, lo que implica un potencial de crecimiento más bajo y unos niveles de empleo más reducidos de lo que sería posible y deseable en la economía, dados los recursos productivos disponibles. Si no obstante el gobierno se empeña en incrementar los impuestos, causará el menor daño a la economía mientras se centre en los impuestos indirectos, como el IVA y tributos específicos (gasolina, tabaco, bebidas alcohólicas, por ejemplo). Estos impuestos no repercuten adversamente en el ahorro, la inversión empresarial y el empleo. Pero su aumento no le garantiza al Estado las recaudaciones adicionales en la cuantía deseada para conseguir avances en la consolidación presupuestaria. O bien prolifera la economía sumergida (IVA), o bien se contrae el consumo de las familias que utilizan menos el coche para economizar así en el gasto del carburante. Los ecologistas dirán que la reducción de la demanda de hidrocarburos es una buena cosa porque frena la emisión de gases contaminantes con efecto invernadero. Los apologistas de la buena salud se congratularán si la gente fuma menos y se abstiene a tomar alcohol. Pero a los trabajadores en las industrias y los sectores de servicios correspondientes no les hará mucha gracia que corran el riesgo de perder el empleo.
Los impuestos directos, sin embargo, no se deben aumentar, especialmente no el impuesto sobre sociedades, incluido el IRPF sobre el empresario individual. Esta imposición supone una presión fiscal sobre la inversión en capital fijo y las actividades I+D y, por consiguiente, obstaculiza la creación de empleo. No tiene sentido generar incentivos perversos, como sería el caso, si sólo por motivo de una fiscalidad empresarial excesiva el domicilio social e incluso parte de las actividades productivas fueran trasladadas al extranjero, donde el tratamiento de los rendimientos empresariales sea más benévolo, y al mismo tiempo se ahuyentara el capital foráneo. Precisamente en tiempos dramáticos como los actuales se ha puesto de manifiesto que nuestras economías están muy necesitadas de capital, no sólo las entidades financieras que tienen que recobrar su solvencia, sino también muchas empresas manufactureras y de servicios que requieren de una ampliación del capital para poder crecer y posicionarse con éxito en los mercados globalizados. La competencia internacional por los ahorros seguirá siendo muy severa, porque los países emergentes constituyen una intensa demanda adicional de capital. Por ello, la fiscalidad del ahorro tiene que ser moderada. También el Estado debería entenderlo así. Pues también él depende de los ahorradores privados para que le compren los bonos y obligaciones que quiera emitir. No sirve darle vueltas: un gobierno con sentido de responsabilidad apostaría por atajar el profundo desequilibrio de las finanzas públicas por el lado del gasto.

04/10/2009

Google Books: todos los libros sin ley

Piense en una frase célebre de su obra favorita. O en el título de cualquier libro, revista o documento jamás publicado. Ahora, encienda la pantalla de su ordenador, conéctese a internet, escríbalo en el rectangulito de su buscador de cabecera y... ¿cómo? ¿seguro que no está? Pues no desespere porque falta bien poco.
La carrera hacia la digitalización masiva del conocimiento es imparable. Pero, ¿quién debe liderarla? Una vez más, Google se ha puesto a la cabeza de un pelotón que secundan gobiernos, editores, bibliotecas y universidades de medio mundo. En su indisimulada ambición de condensar toda la información en su servidor, el gigante californiano ha puesto en marcha varios proyectos de digitalización reunidos en uno: Google Books. Un servicio que nace con el afán de convertirse en la versión moderna de la Biblioteca de Alejandría pero que, romanticismos aparte, cuenta con cientos de detractores y un sinfín de barreras jurídico-legales. El último, el Departamento de Justicia de EE.UU., que ha advertido contra la posibilidad de que Google esté incurriendo en prácticas monopolísticas.
Empieza el culebrón
En 2004, la compañía californiana inicia el escaneado de los fondos (unos de 10 millones de ejemplares) de una serie de bibliotecas públicas y universitarias en EE.UU. entre los que se cuentan obras de dominio público (que no presentan problemas de propiedad intelectual, pero sí de patrimonio) y obras sujetas a derecho de autor de todo el mundo. Primer problema: Google ha pactado con las bibliotecas -que ven con buenos ojos que una empresa privada se gaste el dinero en digitalizar sus archivos-, pero no con los «dueños» de las obras (autores, editores y otros titulares de derechos), que conocen, a posteriori, que sus obras han sido escaneadas.
Como es de esperar, la Asociación de Editores Americanos y el Sindicato de Autores (la Author Guild) presentan una demanda conjunta contra la compañía, al entender que está usurpando sus derechos de propiedad intelectual y explotación de las obras.
Tras años de negociación, en octubre de 2008 las tres partes llegan a un preacuerdo -todavía pendiente de aprobación judicial- por el que se establece una serie de recompensas a los titulares de derechos; entre otras: un mínimo de 60 dólares por título digitalizado. Según dicho pacto, Google puede digitalizar los libros y subirlos a su servidor. En principio, si la obra es de dominio público, el usuario puede descargarse una copia en PDF. Y si está descatalogada o si el editor le ha dado su permiso, Google puede exhibir una vista preliminar de la obra, y, en algunos casos, el texto completo.
Cuando parecía que la compañía estadounidense salvaba el primer escollo (el del copyright) en su carrera hacia la Alejandría digital, saltan las alarmas antimonopolio a ambos lados del Atlántico. Temen que en un futuro no muy lejano se haga con el control de la industria de los contenidos digitalizados.
Lluvia de apelaciones
Ante dicha situación, se produce un aluvión de más de 400 apelaciones por parte de asociaciones, escritores, herederos, catedráticos de Derecho y empresas como Yahoo, Amazon y Microsoft, que denuncian prácticas monopolísticas. Alertado por el Departamento de Justicia, el Tribunal Supremo de Nueva York, que debía sancionar el acuerdo, decide retrasar la vista del caso, prevista para el próximo 7 de octubre. El objetivo: dar más tiempo a las partes para que negocien en otros términos. Pero la cosa no queda ahí porque, aunque el preacuerdo sería de vigencia única en EE.UU., las repercusiones del plan Google son planetarias. La razón: entre los fondos digitalizados hay obras -y por tanto afectados- de todas partes del globo.
En Europa, el primer gobierno en oponerse formalmente al pacto ha sido Alemania, secundado por los editores franceses, que hace unos días se enfrentaban con Google en un tribunal de París. En definitiva, piden al juez que impida la digitalización masiva e indiscriminada de las bibliotecas públicas al considerar que vulneran los derechos de sus autores.
Por su parte, la Comisión Europea se reunió a primeros de septiembre con Google, editores, bibliotecas y otras partes interesadas para analizar el impacto de la alianza estadounidense. En principio, la mayoría -incluidos gobiernos- rechaza el modelo estadounidense (que choca abiertamente con la legislación comunitaria en materia de propiedad intelectual) y apuestan por su propio proyecto comunitario: Europeana. La digitalización de la cultura, entienden, ha de ser impulsada desde las instituciones públicas y no desde el sector privado (no debe ser un negocio).
«Prepotencia»
En España, los editores están que trinan y piden tanto al Gobierno como a la Comisión un «posicionamiento claro» al respecto. «Google está realizando una política de hechos consumados. Primero, nos pone una pistola en el pecho, nos digitaliza sin autorización; y luego, trata de negociar. La forma de actuar de Google y su prepotencia son inaceptables», recriminó en la citada audición Antonio María Ávila, director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España.
Además, se quejan de la falta de información (no se sabe exactamente qué obras han sido escaneadas). «En febrero le pedimos a Google que precisara qué libros habían sido digitalizados. Pero no ha habido forma. No hay transparencia, es una chapuza monumental», estima Ávila, quien insiste en que «nadie sabe a día de hoy cómo será el reparto de beneficios» en la red.
El Ejecutivo español, por su parte, ha reiterado su apoyo incondicional a la industria editorial europea. Consultado por ABC, Rogelio Blanco, director general del Libro, fue claro al respecto: «España se sitúa en el contexto de Europa, que apuesta por Europeana como la gran plataforma de la cultura europea en la red. Exigimos respeto a la propiedad intelectual y al patrimonio bibliográfico. Vivimos en un espacio de vigor editorial y no podemos dejar que nadie desde fuera lo desmorone». En palabras de Blanco, en los últimos años «se ha producido una violación de la propiedad intelectual y Google tendrá que responder por ello». De momento, los protagonistas del culebrón Google aguardan con interés la decisión del juez.
Cultura ABC

26/09/2009

Feina Activa, para ofrecer y encontrar ocupación.

Nuevo portal gratuito para ofrecer y encontrar ocupación

El Departamento de Trabajo, a través del Servicio de Ocupación de Cataluña, ha puesto en marcha el portal "Feina Activa", una nueva herramienta que ha puesto a disposición de las personas en paro o con ocupación y de las empresas per relacionarse en el mercado laboral de manera totalmente gratuita.

El portal "Feina Activa" es un nuevo servicio del Departament de Trabajo para facilitar a las personas el acceso a las ofertas de trabajo, por un lado, y por el otro, la búsqueda y selección de las personas trabajadoras por parte de las empresas.

El Departamento de Trabajo ha empezado a informar de este nuevo servicio público a las personas en paro inscritas en las Oficinas de trabajo a través del correo electrónico y en los próximos días dies se enviarán folletos con toda la información de esta nueva herramienta.


"FEINA ACTIVA"